EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

La pensión es un derecho conquistado por la clase trabajadora. En el estado español, el sistema público de pensiones consiste en una Caja Única que se llena con parte de nuestro salario y que necesitamos ver como propia de la clase trabajadora

La auditoría del Tribual de Cuentas cifra en 170.000 millones de Euros la cantidad de dinero que diferentes gobiernos han sustraído de la Caja de las Pensiones de forma indebida. Derechos Laborales y Pensiones van de la mano y luchar por unas pensiones dignas exige luchar en paralelo por recuperar y ampliar derechos laborales y también tejido productivo

La privatización del sector público ha sido la norma durante toda la democracia, ahora le toca el turno a las pensiones. El estado lleva años ensayando y poniendo en marcha diversas estrategias para convencernos de que hay que cambiar el modelo de Caja Solidaria:

1.- Alejarnos de la idea de que la Caja de las Pensiones es nuestra y orientarnos a verla como una donación o como un subsidio del estado.

2.- Convencernos de que el sistema público de pensiones no es sostenible y necesita la participación privada para garantizar las pensiones futuras.

3.- Disfrazar de mejoras los recortes y la privatización, a través de los fondos de empresa, y distraernos con propuestas trampa.

4.- Apoyarse en el chantaje de la Unión Europea, recogidas en las recomendaciones del Pacto de Toledo.

5.- Aprovechar las restricciones impuestas por las medidas anticovid para imponer la privatización y reforma de las pensiones públicas.

Para poner en marcha la privatización, se ha tenido en cuenta el hecho de que la publicidad y las desgravaciones fiscales para incitar a invertir en planes de jubilación privados individuales han tenido un seguimiento escaso y poco exitoso. El estado se plantea ahora impulsar el modelo de privatización colectiva, a través de los llamados “Fondos Complementarios de Empresa”, en realidad fondos privados, vinculados a los convenios colectivos y sus firmantes (patronales y sindicatos), gestionados por entidades financieras: bancos, fondos de inversión, etc.

A la hora de jubilarse, la pensión estará sujeta al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias de cada inversión. Estos recursos económicos dejarán de ingresar en las cuentas de la Caja de Pensiones de la Seguridad Social, con lo cual se cumplirá el principio de que las pensiones públicas han de ser reducidas a la mínima expresión porque no son sostenibles, porque no hay dinero en la Caja, pero a cambio de inyectar esa parte de nuestro salario en el sistema financiero privado, que invertirá, negociará, se enriquecerá y, pese a todo, no podrá garantizarnos el resultado.

Ya hemos visto como quiebran los bancos y como se esfuman ahorros e inversiones, la crisis anterior fue un buen ejemplo. Para que perdamos el miedo a esa posibilidad, el estado parece dispuesto incluso a respaldar los fondos. Esto puede parecer una garantía para nuestra pensión, pero significa en realidad que los fracasos y grandes pérdidas de los bancos y financieras privadas serán asumidos por el estado, serán compensados con dinero público del que todos pagamos. No solo podemos pagar dos veces por lo mismo, sino que, como ya hemos visto, al final los recortes recaen sobre la educación la sanidad, los subsidios, etc.  En definitiva, una forma de transferir riqueza al sistema financiero a costa de nuestro salario, de los impuestos que pagamos y de los servicios públicos conquistados con tanto esfuerzo.

Si el reconocido derecho a participar en las pensiones públicas de los sindicatos (Art. 129.1 de la Constitución, según el cual “La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general”) no ha sido capaz de evitar el saqueo de la Caja de las Pensiones de la Seguridad Social ¿qué capacidad vamos a tener de controlar la gestión transferida a bancos y entidades financieras, en su mayor parte de ámbito internacional?

Otro efecto perverso de este modelo es que aumentará aún más la brecha entre trabajadores y entre pensionistas: habrá sectores con pensiones muy altas y sectores que tendrán que conformarse con la pensión mínima que ofrezca la seguridad social. En una economía como la del estado español, con empleo temporal y precario, esas diferencias entre sectores serán aún mayores y también aumentará la brecha de las pensiones entre hombres y mujeres.

El movimiento pensionista ha tomado la iniciativa, pero este es un tema del conjunto de todas las personas que vivimos de nuestro trabajo, en activo o ya jubiladas y especialmente de los sectores más jóvenes, que van a ser los más afectados.

Las principales reivindicaciones del movimiento pensionista son:

  • Contra la privatización de las pensiones que propone la Unión Europea y el Pacto de Toledo.
  • Pensión mínima de 1.084 euros, según la Carta Social europea, y Salario Mínimo Interprofesional de 1.200 euros.
  • Pensiones equitativas para las mujeres: regularizar los contratos con equiparación salarial (a igual trabajo igual salario), cotización de los trabajos de cuidados como servicio público e integración de las trabajadoras del hogar en el Régimen General de la S. Social.
  • Aumento garantizado de las pensiones según el IPC real.
  • Eliminación del coeficiente reductor en las jubilaciones anticipadas, especialmente cuando se han cotizado más de 40 años o se trata de parados de larga duranción.
  • Reducción del periodo de cómputo a los 15 años anteriores al momento de la jubilación.
  • Derogación de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 y de las reformas laborales de 2010 y 2012.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE DEFIENDEN

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